En defensa de la excelencia académica

Andrés Sanfuentes

La diversidad de las universidades chilenas es la consecuencia de muchos factores, principalmente de su trayectoria histórica y de la carencia de regulaciones que eleven los niveles de exigencia académica, hasta el extremo que algunas no están acreditadas y otras no deberían estarlo.

En la actualidad solamente dos de ellas pueden ser calificadas como "de excelencia", de acuerdo a los "ranking" internacionales especializados: la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Chile. Hay otras, con variados merecimientos como la Universidad de Concepción, pero a una clara distancia.
Sin embargo, ambas han sido cuestionadas por recibir algunos privilegios de origen estatal.

En el caso de la Universidad Católica se le objeta su calidad de entidad "pública", a propósito del episodio del profesor Jorge Costadoat y la vulneración de la libertad de cátedra en la Facultad de Teología, por parte del Arzobispo de Santiago que tiene la atribución de otorgar el mandato canónico para enseñar esa disciplina; en términos civiles es el representante del dueño, lo cual contradice la autonomía del Rector, responsable de la administración académica, por designación de la misma autoridad, previa consulta a los profesores.

Estamos aquí en el caso de la obediencia a dos señores, la autoridad académica y la religiosa, a propósito de la enseñanza teológica a los estudiantes de sacerdocio, que reciben su enseñanza en la Facultad de Teología con la esperanza que reciban un adoctrinamiento sin fisuras ni dudas. Sin embargo, ese tipo de enseñanza no la puede entregar una universidad, sino el seminario correspondiente a la diócesis respectiva, en quien cae esa responsabilidad.

Por su parte, a la universidad puede corresponderle la enseñanza de la ciencia de la Teología en sus diversas expresiones: la evolución histórica de las diferentes expresiones teológicas, los principios esenciales de la religión católica, luterana, anglicana, calvinista y también mahometana, budista y otras expresiones. La universidad tiene la obligación de enseñar la diversidad.

La situación de la Universidad de Chile es diferente, ya que aparte de las críticas comunes a los privilegios de los planteles del Consejo de Rectores, se suma la objeción al convenio marco con las Ues estatales establecido por el Gobierno, aunque su monto es reducido y no equipara las desventajas de la regulación a estas instituciones. La objeción de fondo es la indefinición del rol de "dueño", que persiste respecto a estas instituciones y la falta de reconocimiento al papel de privilegio que debe tener "la Chile" por el aporte especial que tiene en el país en términos de la docencia que entrega, el liderazgo en la investigación científica y su contribución a la cultura y el arte.

Desde la reforma de 1981, la Educación Superior ha mantenido su estructura, sin transformaciones significativas, a pesar de los cambios tanto en el sistema como en el país. El resultado ha sido un notorio progreso, pero también la acumulación de problemas cada vez más agudos, sin mayores perspectivas de una estrategia futura que clarifique el sector. La mejor demostración es que los temas prioritarios que preocupan al Gobierno son la gratuidad de la educación (para lo cual no habría recursos y sería regresiva) y la creación de dos nuevas universidades regionales, lo cual puede ser muy popular pero de escaso aporte para el país.

En un cuadro de recursos escasos es indispensable establecer prioridades y concentrar los recursos humanos y financieros en esos objetivos y no dispersarlos. Si Chile quiere mantener el aporte que realiza el Sistema Universitario se requiere robustecer a las instituciones que tienen el liderazgo en la docencia de pre y postgrado grado, en la investigación científica y en el aporte a la cultura y el arte, y claramente están en esta situación las universidades de Chile y Católica. Lo demás es música y rencores.

Para los objetivos mencionados debería establecerse un fondo concursable de largo plazo, al cual postulen las diversas entidades universitarias. La contribución que hacen estas instituciones al desarrollo económico y social del país es demasiado importante para que se mantenga la indefinición y se sigan postergando los cambios.